El juez federal Luis Armella, quien tiene a su cargo la causa por el desalojo de las viviendas tomadas en el Bajo Flores, lanzó una dura advertencia al Gobierno nacional para que cumpla con la orden de desalojo que dio la semana pasada.
Mientras la Nación afirma que la responsabilidad es de la Ciudad, el juez aseguró que su orden debe ser tomada como si la hubiera dado la Corte Suprema, y criticó a los funcionarios públicos por tener una actitud “desaprensiva y carente de compromiso ”.
Mientras la toma pasó a ser el centro de una disputa política y judicial, los edificios del Bajo Flores seguían ayer ocupados ilegalmente por unas 140 personas, incluidos embarazadas y niños, viviendo en condiciones precarias.
